"LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA ES UNA EXCUSA QUE ADEMÁS DE INADMISIBLE ES HOMOFÓBICA"
23 de Julio de 2010
En virtud de la reciente sanción y promulgación de la ley de matrimonio igualitario para todos y todas y ante reiteradas declaraciones de parte de algunos/as pocos jueces/zas que en declaración publicas ante distintos medios masivos de comunicación han dicho que procederán al incumplimiento de la ley solamente ante determinados colectivos de ciudadanos, en este caso el colectivo LGBT, que de pleno derecho irán a ejercer ante sus estrados lo consignado por ley es que desde el espacio hacemos las siguientes reflexiones:
Si por cuestiones de su entendimiento e interpretación de índole personalísima de un culto, fuere este cual fuere, esgrimen dichas interpretaciones como razón que les impide proceder al cumplimiento de la ley, pero principalmente la obturación de derecho para cierta porción de la ciudadanía, y en consecuencia el incumplimiento de la Constitución Nacional de la República, la cual consagra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, cuestión que implicaría para estos funcionarios una doble inobservancia.
Respecto de la objeción de conciencia, conceptuada como la salvaguarda del individuo para eximirse del cumplimiento de un deber jurídico alegando sus creencias o íntimas convicciones religiosas, morales o filosóficas, sostenemos su inaplicabilidad en este caso.
Primeramente debemos aclarar que pese a nuestro enorme apoyo y respeto a la existencia de la objeción de conciencia dicha facultad no está pensada para ser utilizada por los funcionarios públicos que han jurado defender “la Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten…” (Art. 31 CN). La Argentina registra un solo supuesto de excepción que es el caso de los médicos de hospitales públicos que autorizados por la justicia a realizar un aborto pueden negarse al mismo si lesiona sus convicciones morales y/o religiosas en el entendimiento –discutible- que sería cometer asesinato.
Los principios que deberían regir en una sociedad imbuida del valor justicia son: 1) Cada persona tiene derecho al más amplio esquema de libertades básicas compatible con un esquema similar de libertades para todos y todas; 2) Las desigualdades sociales y económicas deben satisfacer dos principios: deben ser para el mayor beneficio de los miembros menos favorecidos de la sociedad y deben estar adscriptos a cargos y posiciones asequibles a todos y todas en condiciones de equitativa igualdad de oportunidades.
Un ejemplo es la conscripción obligatoria y compartimos la posición de Rawls que en referencia a esto sostenía: “El deber de participar en un conflicto armado sólo se justifica si con ello se incrementa la libertad de todos aquellos que viven según el principio de justicia.
La limitación de derechos sólo es viable cuando se logra un aumento de libertades en general”.
La negativa a casar a dos personas del mismo sexo no repercute en un aumento de libertad para nadie y abre la puerta a futuras negativas tales como la distinta religión, el género u otras condiciones personales tan amparadas con la Ley Fundamental como la libertad de culto.
Dichas actitudes desaprensivas del estado de derecho sólo contribuyen a la división y exacerbación del pueblo en diferencias que lejos de ser eliminadas deben ser respetadas e incluidas en su pluralidad.
No es posible en este Siglo XXI tener excusa alguna para sostener y reivindicar la homofobia, la lesbofobia y la transfobia ni ningún acto firme de discriminación, xenofobia o racismo, todas ellas actitudes violatorias de Derechos Humanos fundamentales, disfrazadas bajo la excusa de interpretaciones religiosas. Que en este marco se invita a los mismos a tener comportamientos reflexivos, éticos y civiles acordes con los tiempos legales que corren y si no se encuentran a la altura de las circunstancias y capacitados para ejercer funciones de cuyas investidura públicas se les ha dotado, se retiren inmediatamente del cargo que ocupan.
Ante los Jueces de Paz que ya han expresado su rechazo y el Gobernador de la Provincia de Mendoza Celso Jaque, es que advertimos que dada la ejecución de cualquier acto símil nos reservaremos el derecho de llevar adelante todas las acciones judiciales y administrativas que se consideren necesarias en respuesta a tal magnitud de violencia flagrante ejercida ante ciudadanos por el sólo hecho de pertenecer a un grupo o categoría social determinados.
23 de Julio de 2010
En virtud de la reciente sanción y promulgación de la ley de matrimonio igualitario para todos y todas y ante reiteradas declaraciones de parte de algunos/as pocos jueces/zas que en declaración publicas ante distintos medios masivos de comunicación han dicho que procederán al incumplimiento de la ley solamente ante determinados colectivos de ciudadanos, en este caso el colectivo LGBT, que de pleno derecho irán a ejercer ante sus estrados lo consignado por ley es que desde el espacio hacemos las siguientes reflexiones:
Si por cuestiones de su entendimiento e interpretación de índole personalísima de un culto, fuere este cual fuere, esgrimen dichas interpretaciones como razón que les impide proceder al cumplimiento de la ley, pero principalmente la obturación de derecho para cierta porción de la ciudadanía, y en consecuencia el incumplimiento de la Constitución Nacional de la República, la cual consagra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, cuestión que implicaría para estos funcionarios una doble inobservancia.
Respecto de la objeción de conciencia, conceptuada como la salvaguarda del individuo para eximirse del cumplimiento de un deber jurídico alegando sus creencias o íntimas convicciones religiosas, morales o filosóficas, sostenemos su inaplicabilidad en este caso.
Primeramente debemos aclarar que pese a nuestro enorme apoyo y respeto a la existencia de la objeción de conciencia dicha facultad no está pensada para ser utilizada por los funcionarios públicos que han jurado defender “la Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten…” (Art. 31 CN). La Argentina registra un solo supuesto de excepción que es el caso de los médicos de hospitales públicos que autorizados por la justicia a realizar un aborto pueden negarse al mismo si lesiona sus convicciones morales y/o religiosas en el entendimiento –discutible- que sería cometer asesinato.
Los principios que deberían regir en una sociedad imbuida del valor justicia son: 1) Cada persona tiene derecho al más amplio esquema de libertades básicas compatible con un esquema similar de libertades para todos y todas; 2) Las desigualdades sociales y económicas deben satisfacer dos principios: deben ser para el mayor beneficio de los miembros menos favorecidos de la sociedad y deben estar adscriptos a cargos y posiciones asequibles a todos y todas en condiciones de equitativa igualdad de oportunidades.
Un ejemplo es la conscripción obligatoria y compartimos la posición de Rawls que en referencia a esto sostenía: “El deber de participar en un conflicto armado sólo se justifica si con ello se incrementa la libertad de todos aquellos que viven según el principio de justicia.
La limitación de derechos sólo es viable cuando se logra un aumento de libertades en general”.
La negativa a casar a dos personas del mismo sexo no repercute en un aumento de libertad para nadie y abre la puerta a futuras negativas tales como la distinta religión, el género u otras condiciones personales tan amparadas con la Ley Fundamental como la libertad de culto.
Dichas actitudes desaprensivas del estado de derecho sólo contribuyen a la división y exacerbación del pueblo en diferencias que lejos de ser eliminadas deben ser respetadas e incluidas en su pluralidad.
No es posible en este Siglo XXI tener excusa alguna para sostener y reivindicar la homofobia, la lesbofobia y la transfobia ni ningún acto firme de discriminación, xenofobia o racismo, todas ellas actitudes violatorias de Derechos Humanos fundamentales, disfrazadas bajo la excusa de interpretaciones religiosas. Que en este marco se invita a los mismos a tener comportamientos reflexivos, éticos y civiles acordes con los tiempos legales que corren y si no se encuentran a la altura de las circunstancias y capacitados para ejercer funciones de cuyas investidura públicas se les ha dotado, se retiren inmediatamente del cargo que ocupan.
Ante los Jueces de Paz que ya han expresado su rechazo y el Gobernador de la Provincia de Mendoza Celso Jaque, es que advertimos que dada la ejecución de cualquier acto símil nos reservaremos el derecho de llevar adelante todas las acciones judiciales y administrativas que se consideren necesarias en respuesta a tal magnitud de violencia flagrante ejercida ante ciudadanos por el sólo hecho de pertenecer a un grupo o categoría social determinados.
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